The Piper Navajo that crashed on Monday near Simon Bolivar International Airport was registered as a U.S. airplane (N6463L). Although its pilot was on the police radar for drug smuggling, he was permitted to do regular flights to nearby islands of Aruba and Curaçao and even in several occasions he piloted for CICPC's agents (equivalent of Venezuelan FBI) on their leisure trips to Aruba´s resorts and casinos in the island.
The passengers that died in the crash were Smartmatic's top executives, a very controversial High-Tech company from Florida responsible for installing all the election voting machines during Chavez's regime, that some local politicians had accused this company for helping on setting up electoral fraud.
The passengers that died in the crash were Smartmatic's top executives, a very controversial High-Tech company from Florida responsible for installing all the election voting machines during Chavez's regime, that some local politicians had accused this company for helping on setting up electoral fraud.
(ElUniversal)
Fuentes de la investigación del siniestro del avión Piper PA31 de la empresa Charter People matrícula N6463L, que se siniestró el pasado lunes sobre una casa en Catia La Mar, explicaron que los dueños de esa aeronave, entre ellos Andrés Scrochi, son los mismos propietarios de la avioneta con matrícula venezolana YV-327 Bravo-eco 90, que cayó el 21 de diciembre de 2007 en República Dominicana.
En ese siniestro falleció Alicia Fallet, de 52 años, y siete personas más quedaron heridas.
Pero el avión que cayó en Catia La Mar tenía matrícula norteamericana y para poder sobrevolar en el territorio nacional requería de un permiso de sobrevuelo, que fue emitido por la autoridad aeronáutica el 14 de julio pasado, con una duración de tres meses. Ahora se investiga cuántos vuelos había hecho el avión antes del accidente, pues para emitir el permiso de sobrevuelo se debe cumplir una serie de requerimientos que incluyen informes de los últimos chequeos de la aeronave.
La investigación también reveló que el piloto Mario Donadi (43) estaba en régimen abierto, pues en 2006 fue condenado por el Tribunal Segundo de Ejecución de Vargas por tráfico de drogas y desde abril de 2007 gozaba de una medida, pero no podía salir del país.
Aun así, fuentes policiales revelaron que desde junio del 2007 Donadi hacía eventuales vuelos para funcionarios del Cicpc.
Pero el lunes, Donadi, para poder llevar a los ejecutivos de Smartmatic a Curazao, debía entregar un plan de vuelo en el aeropuerto, y uno de los requerimientos es que el piloto muestre su licencia y los pasaportes de sus pasajeros y el suyo. Si ese procedimiento se hubiera llevado a cabo, habrían detectado que Donadi no podía salir del país.
El piloto nunca se reportó en emergencia, aunque la información del radar revela que en su última comunicación a torre de control estaba a apenas 500 pies de altura; es decir, estaba cayendo, pero cuando el controlador le preguntó "requiere equipo en tierra" él respondió "negativo". La hipótesis es que de haberse reportado en emergencia, la pesquisa habría puesto en evidencia su situación.
Fiscalizando la aviación
Preocupado por la situación aeronáutica que en cuatro meses ha dejado 18 accidentes aéreos, el fiscal primero nacional que atiende casos aeronáuticos, José Gregorio Morales, sostuvo una reunión el miércoles con los jefes de Antropología Forense del Cicpc, los directores de Navegación y Seguridad Aérea del INAC; la directora de la Junta Investigadora de Siniestros de Minfra y Protección Civil en la que se levantó un acta que servirá como manual de operaciones en caso de siniestros.
Además, Fiscalía, en funciones de seguridad, dictará, de carácter obligatorio, directrices a las líneas que operan en el país, en materia de delitos penales aeronáuticos y conexos.
http://www.eluniversal.com/2008/05/02/sucgc_art_avion-siniestrado-es_842469.shtml
Fuentes de la investigación del siniestro del avión Piper PA31 de la empresa Charter People matrícula N6463L, que se siniestró el pasado lunes sobre una casa en Catia La Mar, explicaron que los dueños de esa aeronave, entre ellos Andrés Scrochi, son los mismos propietarios de la avioneta con matrícula venezolana YV-327 Bravo-eco 90, que cayó el 21 de diciembre de 2007 en República Dominicana.
En ese siniestro falleció Alicia Fallet, de 52 años, y siete personas más quedaron heridas.
Pero el avión que cayó en Catia La Mar tenía matrícula norteamericana y para poder sobrevolar en el territorio nacional requería de un permiso de sobrevuelo, que fue emitido por la autoridad aeronáutica el 14 de julio pasado, con una duración de tres meses. Ahora se investiga cuántos vuelos había hecho el avión antes del accidente, pues para emitir el permiso de sobrevuelo se debe cumplir una serie de requerimientos que incluyen informes de los últimos chequeos de la aeronave.
La investigación también reveló que el piloto Mario Donadi (43) estaba en régimen abierto, pues en 2006 fue condenado por el Tribunal Segundo de Ejecución de Vargas por tráfico de drogas y desde abril de 2007 gozaba de una medida, pero no podía salir del país.
Aun así, fuentes policiales revelaron que desde junio del 2007 Donadi hacía eventuales vuelos para funcionarios del Cicpc.
Pero el lunes, Donadi, para poder llevar a los ejecutivos de Smartmatic a Curazao, debía entregar un plan de vuelo en el aeropuerto, y uno de los requerimientos es que el piloto muestre su licencia y los pasaportes de sus pasajeros y el suyo. Si ese procedimiento se hubiera llevado a cabo, habrían detectado que Donadi no podía salir del país.
El piloto nunca se reportó en emergencia, aunque la información del radar revela que en su última comunicación a torre de control estaba a apenas 500 pies de altura; es decir, estaba cayendo, pero cuando el controlador le preguntó "requiere equipo en tierra" él respondió "negativo". La hipótesis es que de haberse reportado en emergencia, la pesquisa habría puesto en evidencia su situación.
Fiscalizando la aviación
Preocupado por la situación aeronáutica que en cuatro meses ha dejado 18 accidentes aéreos, el fiscal primero nacional que atiende casos aeronáuticos, José Gregorio Morales, sostuvo una reunión el miércoles con los jefes de Antropología Forense del Cicpc, los directores de Navegación y Seguridad Aérea del INAC; la directora de la Junta Investigadora de Siniestros de Minfra y Protección Civil en la que se levantó un acta que servirá como manual de operaciones en caso de siniestros.
Además, Fiscalía, en funciones de seguridad, dictará, de carácter obligatorio, directrices a las líneas que operan en el país, en materia de delitos penales aeronáuticos y conexos.
http://www.eluniversal.com/2008/05/02/sucgc_art_avion-siniestrado-es_842469.shtml
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